En el contexto actual del mercado inmobiliario español, la intervención del Estado suele plantearse a partir de dos enfoques principales:
El modelo A concibe que las principales tensiones del mercado inmobiliario están relacionadas con el funcionamiento del mercado del alquiler, especialmente en el corto y medio plazo. Las medidas asociadas a este modelo incluyen, pero no se limitan, a la fijación de topes máximos al precio del alquiler en determinadas zonas, la limitación de las subidas anuales de alquileres mediante índices regulados, la restricción del alquiler turístico o la aplicación de instrumentos fiscales dirigidos a viviendas vacías.
El modelo B entiende que las dificultades de acceso a la vivienda se deben a una escasez persistente de oferta asequible, particularmente en áreas urbanas con alta demanda. Las medidas asociadas a este modelo incluyen, pero no se limitan, a la construcción y ampliación de vivienda pública, el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada, las reformas de la normativa urbanística para aumentar la capacidad edificable o los incentivos para la rehabilitación y movilización de vivienda infrautilizada.